El estado de Nuevo México aprobó una histórica ley que prohíbe los centros de detención de migrantes en su territorio, marcando un giro significativo frente a las políticas de inmigración impulsadas a nivel federal. La normativa impide que cualquier entidad financiada con fondos públicos firme contratos para encarcelar a personas acusadas de violar la ley migratoria y anula los acuerdos existentes, además de prohibir a la policía y a los alguaciles cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Actualmente, Nuevo México cuenta con tres centros de detención para migrantes con capacidad para 3.000 personas, pero la nueva ley pone fin a la participación del estado en estas prácticas que han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos. La medida fue celebrada como una victoria histórica por defensores de los migrantes, quienes destacaron que representa un paso decisivo para proteger a las familias y poner fin a la complicidad en la detención masiva y deportación de personas.
El anuncio llega en un contexto tenso, ya que la Administración federal busca expandir la infraestructura de detención, adquiriendo nuevas instalaciones en todo el país con capacidad para miles de personas. Bajo la actual gestión, las detenciones de migrantes alcanzaron niveles récord, y el año pasado se registraron más de 30 muertes en custodia del ICE, con al menos tres reportadas ya en lo que va de 2026. La legislación de Nuevo México busca limitar estos riesgos y garantizar un enfoque más humano en la gestión migratoria.
