El NDI advierte que el proceso electoral de noviembre 2025 en Honduras se desarrolla en un clima de tensión creciente, caracterizado por:
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Ataques verbales y amenazas a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
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Violencia política contra mujeres, incluyendo agresiones a candidatas, funcionarias y consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Incremento de los discursos de odio en redes sociales, que pueden escalar a violencia física en contextos polarizados.
📌 Impacto: Este ambiente hostil puede desalentar la participación de actores clave, reducir la cobertura periodística crítica y generar un proceso electoral menos transparente.
2️⃣ Debilidad institucional y riesgo de intervención indebida
El informe señala que, aunque las instituciones electorales tienen un mandato claro, su autonomía efectiva está en riesgo por:
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Intervenciones políticas que buscan influir en decisiones técnicas del CNE, Tribunal de Justicia Electoral y Unidad de Política Limpia.
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Judicialización excesiva del proceso, con disputas que se resuelven en tribunales en lugar de los canales institucionales previstos.
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Recursos limitados para fiscalizar el financiamiento de campañas, lo que facilita prácticas poco transparentes.
📌 Impacto: Si las instituciones no operan con independencia y credibilidad, el resultado electoral podría ser cuestionado incluso antes de las votaciones.
3️⃣ Narrativas de fraude y deterioro del espacio cívico
El NDI resalta la proliferación de discursos anticipados de fraude, es decir, candidatos y líderes políticos que, antes de las elecciones, ya ponen en duda su legitimidad.
Esto se combina con:
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Menor tolerancia al disenso en debates públicos.
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Falta de espacios de diálogo político inclusivo para resolver diferencias sin recurrir a la confrontación.
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Riesgo de protestas violentas antes, durante o después de la jornada electoral.
📌 Impacto: Este tipo de retórica erosiona la confianza ciudadana en el sistema electoral y puede derivar en crisis de gobernabilidad.
Recomendaciones del NDI
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Protección de candidatos y periodistas con protocolos especiales de seguridad.
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Campañas de educación cívica para combatir la desinformación y el discurso de odio.
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Observación electoral nacional e internacional robusta para garantizar transparencia.
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Fortalecimiento del diálogo político entre partidos, sociedad civil y entes electorales.
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Autonomía garantizada para las instituciones electorales, blindándolas de presiones partidarias.
