El Parlamento venezolano presentó un proyecto de ley para derogar la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma y retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), en un nuevo capítulo de confrontación con organismos internacionales. La decisión surge luego de que la CPI anunciara el cierre de su oficina en Caracas, citando la “falta de progreso real” por parte de las autoridades venezolanas en la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad.
El diputado chavista Roy Daza calificó al tribunal internacional como un ente “instrumentalizado por los poderes fácticos, económicos, políticos y culturales del imperialismo” y aseguró que su oficina en Venezuela actúa con fines ajenos a los que fue creada. Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, expresó que el pueblo venezolano muestra un “profundo desprecio” ante lo que consideró la complicidad de la CPI con hechos internacionales que calificó de genocidio.
La Fiscalía de la CPI explicó que, pese a mantener comunicación con Venezuela, el país no ha logrado demostrar avances suficientes en la investigación de crímenes de lesa humanidad desde 2017, por lo que el equipo de fiscales seguirá trabajando desde La Haya.
El Gobierno de Nicolás Maduro denunció un “colonialismo jurídico” y sostuvo que Venezuela no ha cometido delitos de lesa humanidad, insistiendo en que sus tribunales nacionales han llevado a cabo investigaciones internas. Con esta medida, Caracas desafía a la CPI y refuerza su narrativa de defensa de soberanía, mientras tensiona aún más la relación con la comunidad internacional.
