La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua ha documentado 304 casos de tortura registrados en el país centroamericano desde 2020 hasta la fecha, los cuales atribuye al Gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
Según informó la organización durante la presentación de su décimo informe contra la tortura, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha brindado acompañamiento psicológico a 304 ciudadanos nicaragüenses exiliados, actualmente residentes en Costa Rica y otros países, quienes habrían sido víctimas de torturas y malos tratos.
De acuerdo con el informe, muchas de estas personas relataron haber sufrido detenciones arbitrarias, traslados a centros penitenciarios, estaciones policiales y centros de detención clandestinos, donde habrían sido sometidas a actos que vulneraron gravemente su integridad física y psicológica, así como derechos fundamentales como la libertad personal, la seguridad y la dignidad humana.
El Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, iniciativa especializada del Colectivo, señaló que estos hallazgos evidencian la existencia de una política represiva sostenida en el tiempo, caracterizada por la detención arbitraria, la violencia estatal, el encubrimiento institucional y el uso del miedo como mecanismo de control social.
El informe identifica al menos 40 métodos de tortura utilizados contra personas presas políticas y víctimas de persecución, entre ellos violencia y abuso sexual, tortura psicológica, golpizas, asfixia, descargas eléctricas, quemaduras, aislamiento prolongado, privación de atención médica, amenazas contra familiares y simulaciones de ejecución.
Asimismo, el documento detalla con nombres, cargos y hechos a al menos 170 presuntos responsables intelectuales y materiales, vinculados principalmente a estructuras policiales, penitenciarias, paraestatales y autoridades estatales.
El Colectivo afirmó que este acervo documental permite evidenciar patrones de actuación, cadenas de responsabilidad y la evolución de la represión hacia nuevas formas como el destierro, la desnacionalización y la persecución transnacional, constituyendo una base para eventuales procesos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Finalmente, la organización advirtió que las denuncias recibidas reflejan la persistencia y sofisticación de mecanismos de control, castigo y persecución contra personas consideradas opositoras al Gobierno, los cuales calificó como posibles crímenes de lesa humanidad. El informe concluye que estos hallazgos buscan contribuir a los procesos de justicia para víctimas y sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado y apatridia.
