El expresidente estadounidense Donald Trump volvió a poner en el centro de la polémica la nacionalización de la industria petrolera venezolana, cuestionando un proceso que data de 1976 y acusando al país suramericano de despojar supuestamente a empresas estadounidenses de sus derechos sobre los hidrocarburos. La declaración generó rechazo entre expertos y analistas, quienes recuerdan que la nacionalización se realizó mediante un marco legal durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y que los recursos del subsuelo venezolano han pertenecido históricamente al Estado.
La Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada en 1975 y vigente desde 1976, extinguió las concesiones petroleras otorgadas a compañías nacionales y extranjeras, dando origen a Petróleos de Venezuela (PDVSA) como operadora estatal de la industria. Posteriormente, durante los años 90, el país permitió la entrada de inversionistas internacionales mediante convenios, hasta que Hugo Chávez, a partir de 1999 y especialmente desde 2007, consolidó un esquema donde PDVSA sería la socia mayoritaria, obligando a las empresas extranjeras a formar sociedades mixtas.
Según el economista Francisco Monaldi, esta medida implicó la expropiación de activos de compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips, las cuales recibieron compensaciones mediante arbitrajes internacionales. La nacionalización no solo fortaleció el control estatal sobre los recursos estratégicos, sino que también financió misiones gubernamentales y transformó la gestión de PDVSA.
Historiadores y especialistas aseguran que, si bien Venezuela sigue siendo un proveedor clave de petróleo para Estados Unidos, el país norteamericano nunca ha tenido derechos sobre el subsuelo venezolano, cuya propiedad corresponde al Estado según la tradición legal hispánica. Las declaraciones de Trump reabren un debate sobre soberanía, historia y geopolítica en la relación entre ambos países.
