Tegucigalpa- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) anunció el inicio de una auditoría financiera y de cumplimiento legal a la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI), con el objetivo de verificar el uso de recursos públicos y la legalidad en la gestión de bienes bajo custodia estatal.
La acción fiscalizadora surge tras la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional entre ambas entidades, orientado a fortalecer la transparencia en la administración pública.
El proceso abarcará el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, durante el cual se evaluará el manejo de fondos y la gestión de activos.
El representante del TSC, Rodolfo Isaula, explicó que el análisis se enfocará en determinar si la institución ha operado bajo criterios de eficiencia, eficacia y legalidad.
Las autoridades estiman que la auditoría y la elaboración del informe final tomarán aproximadamente 18 meses, tiempo en el que equipos técnicos revisarán documentación financiera y administrativa para identificar posibles irregularidades.
Una vez concluido el proceso, el informe determinará si existen responsabilidades de tipo civil, penal o administrativo.
“El objetivo es garantizar el manejo eficiente de los recursos públicos”, señaló Isaula, al destacar la importancia de este proceso para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar bienes decomisados.
Además de la auditoría a la OABI, el TSC también ha iniciado la revisión de 47 contratos relacionados con la construcción de ocho hospitales, ante posibles irregularidades detectadas en su ejecución.
Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral por mejorar la fiscalización del uso de fondos públicos en el país.
