El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Marvin Aguilar, renunció a su cargo alegando motivos de salud, convirtiéndose en el séptimo magistrado que abandona el tribunal en el último mes. Aguilar, que ocupaba el puesto desde 1996 y estaba sancionado por Estados Unidos y Canadá por apoyar al Gobierno de Daniel Ortega y violaciones a los derechos humanos, presentó su dimisión ante la Asamblea Nacional, que la aceptó de inmediato.
En su lugar, la abogada María Elsa Frixione Ocón fue juramentada como nueva magistrada, sumándose a un grupo de cinco jueces y exfuncionarios recientemente incorporados, varios de ellos también sancionados por Washington por respaldar la represión contra opositores. Este cambio refleja la profunda renovación que atraviesa la Corte Suprema, donde la mayoría de los nuevos magistrados son considerados leales al Ejecutivo, particularmente a Rosario Murillo, en contraste con los anteriores jueces, alineados con exasesores históricos de Ortega.
Desde febrero, la Corte quedó integrada por diez magistrados tras una reforma constitucional que redujo el número de jueces de 16 y fortaleció el control del Ejecutivo sobre el sistema judicial. Analistas y opositores alertan que estos cambios consolidan la subordinación del Poder Judicial a la Presidencia, mientras la salida de Aguilar y sus colegas evidencia un proceso de renovación marcado por sanciones internacionales y acusaciones de complicidad en violaciones de derechos humanos desde 2018. La situación mantiene en alerta a la comunidad jurídica y política de Nicaragua, que observa con preocupación la concentración de poder en el tribunal.
