El Salvador cerrará 2025 bajo un régimen de excepción que cumple tres años desde su implementación en 2022 para combatir a las pandillas, tras la aprobación de su 45.ª prórroga, que suspende garantías constitucionales hasta diciembre. La medida ha permitido la detención de más de 90.000 personas señaladas de pertenecer a maras, según cifras oficiales.
La ampliación fue respaldada por 57 de los 60 diputados del oficialista partido Nuevas Ideas y sus aliados. El decreto legislativo justifica la continuidad del régimen por la presencia de remanentes de pandillas y redes de apoyo que aún operan en el territorio, advirtiendo que su accionar podría revertir los avances logrados hasta ahora.
Entre las restricciones que se mantienen están la suspensión del derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima, que pasa de tres a quince días. Organizaciones de derechos humanos han denunciado violaciones, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y más de cuatrocientas muertes de detenidos bajo custodia estatal.
El régimen de excepción se convirtió en la principal política del Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas y ha sido clave en su reelección inmediata para un segundo mandato, manteniendo alta popularidad pese a las críticas por los abusos documentados.
