La propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal en Honduras de 18 a 16 años ha generado un amplio rechazo entre defensores de derechos humanos y especialistas, quienes consideran que la medida no resolverá el problema estructural de la violencia en el país.
La iniciativa fue presentada ante el pleno del Congreso Nacional por la diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, y plantea que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos en delitos graves como homicidio, violación, extorsión, secuestro y vínculos con el crimen organizado.
Según la parlamentaria, las estructuras criminales estarían aprovechándose de la legislación vigente para involucrar a menores de edad en actividades ilícitas, utilizando su condición legal como un mecanismo para evadir sanciones más severas.
No obstante, especialistas y organizaciones defensoras de la niñez han expresado su desacuerdo. El psiquiatra criminal Juan Carlos Munguía advirtió que en Honduras existe “una tendencia a la violencia” y que el país no está abordando las causas profundas del problema.
El experto cuestionó que se destinen importantes recursos a castigar la violencia sin realizar análisis científicos sobre sus orígenes. Además, sostuvo que la protección legal hacia la niñez responde a fundamentos neurobiológicos que deben ser considerados en el debate.
En la misma línea, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alertó que reducir la edad punible no representa una solución efectiva frente a la violencia estructural que enfrenta el país.
La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga, calificó como preocupante que el debate resurja cada cuatro años sin que se aborden políticas integrales de prevención.
De acuerdo con datos del Conadeh, actualmente 149 niñas, niños y adolescentes se encuentran privados de libertad en centros de internamiento, cifra que no alcanza el 1 % del total de adultos en el sistema penitenciario. La mayoría proviene de contextos de alta vulnerabilidad social y exclusión educativa.
El debate continúa abierto en el Congreso Nacional, en medio de posiciones encontradas sobre cómo enfrentar la violencia sin vulnerar los derechos de la niñez y adolescencia.
