La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Linda Donaire, presentó ante el Congreso Nacional de Honduras una iniciativa de ley orientada a reformar el Código Penal para castigar con penas de prisión la difusión de contenido íntimo sin consentimiento en plataformas digitales.
La propuesta plantea adicionar los artículos 272-A al 272-G al Decreto 130-2017, con el objetivo de tipificar de manera específica la violencia digital y establecer sanciones penales claras contra quienes publiquen, vendan, distribuyan o transmitan material íntimo sin autorización de la persona afectada.
Donaire advirtió que la difusión no consentida de contenido sexual constituye una forma de violencia que vulnera la dignidad y la privacidad, con efectos “devastadores” en la salud mental, la vida social y la seguridad de las víctimas. Señaló que esta problemática impacta principalmente a mujeres y jóvenes, y que la legislación vigente no la aborda de manera específica ni eficaz.
El proyecto define como delito la transmisión de fotografías, videos, audios u otras representaciones de carácter sexual o íntimo sin consentimiento explícito. Asimismo, extiende la responsabilidad penal a quienes, conociendo el origen no autorizado del material, lo redistribuyan a terceros.
La iniciativa contempla agravantes cuando la difusión tenga fines de venganza, intimidación, acoso o chantaje; cuando la víctima sea menor de edad o pertenezca a un grupo vulnerable; o cuando se produzca un daño significativo a su reputación, salud mental o seguridad.
En cuanto a las sanciones, la propuesta establece penas de prisión de entre tres y siete años, además de multas que van de 20 a 50 salarios mínimos para el delito base. En casos agravados, la condena podría elevarse de cinco a diez años de cárcel y multas de 50 a 100 salarios mínimos.
También se incluyen penas accesorias como la inhabilitación para ejercer actividades vinculadas a tecnologías de la información por un período de cinco a diez años, la eliminación inmediata del contenido de las plataformas digitales y el derecho de la víctima a recibir compensación económica por los daños sufridos.
Por su parte, la defensora de los derechos de las mujeres, Honorina Rodríguez, consideró que este tipo de iniciativas deben contar con respaldo legislativo.
“Son propuestas que deben ser apoyadas y aprobadas. Hemos venido hace muchos años impulsando reformas al Código Penal para incluir más delitos y para que las penas sean realmente coercitivas”, expresó.
