El Poder Judicial de Honduras expresó este lunes, mediante comunicado oficial, su profunda preocupación ante el proyecto de decreto que busca reformar el artículo 3 del Decreto Legislativo No. 282-2010, iniciativa que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso Nacional de Honduras y ya fue discutida en primer debate.
La propuesta legislativa pretende reasignar de manera transitoria las facultades administrativas del Poder Judicial —actualmente concentradas en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia— al Pleno de Magistrados en forma colegiada, mientras se integra el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
En su pronunciamiento, la institución señaló que, aunque respeta plenamente la potestad legislativa del Congreso para crear, reformar o derogar leyes, existen límites constitucionales cuando una reforma impacta directamente la independencia y autonomía de otro poder del Estado. Recordó que la Constitución establece que los poderes son complementarios e independientes, sin relaciones de subordinación.
Según el comunicado, el texto en discusión representa riesgos jurídicos, operativos e institucionales que podrían afectar gravemente la independencia judicial y el funcionamiento efectivo del sistema de justicia. Entre los principales señalamientos, se advierte que trasladar decisiones administrativas y disciplinarias al pleno de quince magistrados podría generar ambigüedades en competencias, cuellos de botella y retrasos en la gestión institucional.
Asimismo, el Poder Judicial manifestó que concentrar funciones disciplinarias y de revisión en el pleno podría comprometer la imparcialidad y las garantías del derecho de impugnación, afectando estándares constitucionales y convencionales en materia de independencia judicial.
En el comunicado también se defendieron las decisiones adoptadas por la actual administración, señalando que han estado orientadas a garantizar la continuidad del servicio de justicia y atender necesidades urgentes en el territorio nacional, descartando una expansión descontrolada en nombramientos.
Finalmente, la institución hizo un llamado a los diputados a redirigir los esfuerzos hacia una solución de Estado, solicitando suspender la aprobación definitiva del proyecto hasta realizar una revisión técnico-jurídica integral. Además, propuso la instalación de una mesa técnica interinstitucional con participación del Congreso, el Poder Judicial y especialistas en derecho constitucional y administrativo, así como la discusión y aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
El Poder Judicial reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió que no puede respaldar una aprobación acelerada de un proyecto que, a su criterio, presenta riesgos estructurales no resueltos y podría comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad democrática del país.
