René Guzmán, uno de los migrantes retornados, jamás imaginó que, después de ser deportado desde Estados Unidos, la mayor dificultad al regresar a Honduras sería conseguir alimento.
El gobierno le otorgó una ayuda económica de 100 dólares y, además, recibió un bono alimenticio equivalente a 4,000 lempiras, distribuido en dos vales.
Con la esperanza de mitigar el hambre en su hogar, Guzmán se dirigió a una de las tiendas autorizadas para hacer uso del beneficio.
Pero se encontró con un obstáculo inesperado: su bono no lo aceptaron. “Me dijeron que no lo estaban recibiendo y no hubo ninguna explicación. Regresé con las manos vacías”, relató.
Bono alimenticio paralizado en tiendas Banasupro
El problema no es un caso aislado. Adalid Irías, expresidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), visitó varios establecimientos de Banasupro en la capital.
Lo que constató fue un patrón repetitivo: en varias tiendas no están aceptando los bonos alimenticios.
“El beneficio se entrega, pero en la práctica está suspendido. Los migrantes retornados llegan con sus vales, pero no hay sistema ni voluntad para hacerlos válidos”, advirtió Irías.
El defensor de los consumidores agregó que la situación no se limita a Tegucigalpa, sino que se reproduce en otros departamentos del país, dejando a decenas de familias en una situación desesperada, sin alternativas claras.
Migrantes retornados enfrentan hambre e incertidumbre
Para los migrantes retornados, el bono alimenticio representa mucho más que un simple beneficio. Significa poder contar con productos esenciales como granos básicos, leche o aceite en sus hogares.
Pero al estar bloqueado, se enfrentan a una dura realidad: regresar a su país sin empleo, sin apoyo institucional y, ahora, también sin el alimento prometido.
“Uno regresa con el corazón roto, pero con la esperanza de que, al menos, se cumpla lo que el Estado ofrece. Y lo primero que nos niegan es comida”, lamentó Guzmán.
Denuncian uso político de la ayuda
Tanto migrantes como defensores de derechos humanos han denunciado posibles motivaciones políticas detrás del congelamiento del bono alimenticio.
Señalan que esta suspensión ocurre en plena campaña electoral, lo que genera sospechas de manipulación con fines proselitistas.
“Este es un patrón que se repite cada vez que hay elecciones: se juega con la necesidad de la gente para fines propagandísticos. No hay nada más delicado que el hambre, y eso es lo que se está utilizando como moneda de cambio”, denunció Irías.
