El Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intensificaron las investigaciones relacionadas con la construcción de varios hospitales públicos en Honduras, como parte de las acciones orientadas a esclarecer posibles irregularidades en proyectos de infraestructura financiados con fondos estatales.
Las diligencias se desarrollan en torno a centros asistenciales ubicados en los departamentos de Olancho y Santa Bárbara, entre otros proyectos que actualmente son objeto de análisis por parte de las autoridades.
Según información oficial, la investigación tomó impulso luego de que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) no atendiera de manera satisfactoria diversas solicitudes de información realizadas por los entes de investigación. Esta situación motivó la ejecución de inspecciones y aseguramientos de documentación en distintas dependencias estatales, bajo autorización judicial.
Durante las intervenciones, equipos fiscales y agentes de la ATIC realizan una revisión exhaustiva de equipos informáticos, archivos administrativos y otros documentos vinculados con los procesos de contratación y ejecución de obras hospitalarias. Todo el material considerado de interés para la investigación está siendo asegurado y resguardado conforme a los procedimientos legales establecidos.
Las autoridades confirmaron que entre los proyectos investigados figuran el Hospital Básico de Salamá, en Olancho, y el Hospital General de Santa Bárbara. Asimismo, no descartan ampliar las pesquisas hacia otras obras públicas desarrolladas en diferentes regiones del país.
Las acciones se producen luego de que, en mayo de 2026, el Gobierno de Honduras suspendiera temporalmente la construcción de tres hospitales ubicados en Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque, tras una orden emitida por el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas.
La medida fue adoptada en el marco de investigaciones relacionadas con la legalidad de los procesos de contratación y el manejo de recursos públicos destinados a estos proyectos, cuya inversión supera los dos mil millones de lempiras.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en curso y que los resultados determinarán si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales vinculadas a la ejecución de estas obras de alto impacto para la población hondureña.
