Tegucigalpa. – Una Jueza Natural Designada, en Audiencia de Declaración de imputado en la causa instruida para 31 exadministradores y exdirectores de hospitales públicos, les impuso las medidas cautelares a los encausados que se les supone responsables de la comisión de varios delitos de Fraude en autoría directa en perjuicio de la Administración Pública dejando, supuestamente, un daño a las arcas del Estado de más de 77.9 millones de lempiras.
Durante la audiencia, las defensas privadas y el Ministerio Público estuvieron de acuerdo en las medidas cautelares sustitutivas.
Éstas consisten en prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial, prohibición de salir del país, presentación periódica a los juzgados de letras o de paz penal civil, de acuerdo a sus domicilios y la constitución de garantías hipotecarias para la mayoría.
La jueza agendó la Audiencia Inicial para el 4 de junio próximo.
El procedimiento especial destinado a los altos funcionarios del Estado se sigue ya que en el requerimiento fiscal se acusa a la actual diputada de Colón, Ariana Melissa Banegas, por tres delitos de Fraude, su condición de congresista arrastra a todos los demás acusados al proceso especial que conduce una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que actúa como Juez de Primera Instancia.
En esta acusación se vincula a 14 personas más, las cuales ya tienen emitida la respectiva orden de captura, para ser puestos a la orden de la Jueza que conoce el proceso, para desarrollar las audiencias correspondientes.
El Requerimiento Fiscal indica que, entre los años 2009 y 2014, mediante 208 procesos de compras, se ejecutó adquisición de equipos, medicamentos, suministros, sin cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley de Contratación del Estado, realizando contratos y gestionando fondos sin respaldo presupuestario, favoreciendo ilegalmente a las empresas QUIMTEC, LOFARMA, INCORSA, CEDISA, DICOMER y Laboratorios D la Roja.
Las empresas supuestamente recibieron órdenes de compra millonarias sin cumplir los términos establecidos por la ley; las instituciones implicadas incluyen los hospitales y regiones sanitarias de San Lorenzo, Choluteca, La Paz, Copán, Puerto Lempira, Juticalpa, La Ceiba, Trujillo, Islas de la Bahía, El Progreso y Gracias, Lempira.
La Jueza que conoce el proceso, convocó a las partes procesales para el próximo 4 de Junio y asi desarrollar la Audiencia Inicial en la cual se establecerá si existe el mínimo indicio racional probatorio para continuar el proceso judicial en las siguientes etapas.
