Una madre recién deportada de Estados Unidos denunció públicamente que autoridades educativas de esta ciudad se niegan a matricular a sus hijos en centros públicos, presuntamente debido a que uno de ellos tiene un tatuaje en la mano.
La denunciante, identificada como Erika Castillo, explicó que retornó al país hace pocos días junto a sus hijos, tras permanecer más de siete años en Estados Unidos. Según relató, pese a que los menores nacieron en Honduras y cuentan con documentación escolar emitida en el extranjero, no han logrado ser admitidos en el sistema educativo nacional.
“Mis hijos nacieron aquí y no se me hace justo que les nieguen el derecho a la educación”, expresó Castillo visiblemente afectada, en declaraciones ofrecidas a medios locales.
De acuerdo con su testimonio, inicialmente acudió al Instituto Álvaro Contreras para realizar el proceso de matrícula, pero allí le indicaron que debía gestionar el trámite ante la Dirección Departamental de Educación. Sin embargo, asegura que en ambas instancias recibió una respuesta negativa.
Castillo señaló que uno de los principales requisitos exigidos es la presentación de documentos apostillados desde Estados Unidos, un procedimiento que afirma no puede realizar debido a su reciente deportación y a la falta de recursos económicos.
“Me están pidiendo papeles apostillados de Estados Unidos, cuando yo vengo deportada y no tengo cómo regresar allá”, denunció.
La madre también aseguró que otro obstáculo ha sido que su hijo de 16 años posee un tatuaje en la mano con el signo de dólar, situación que, según le indicaron, genera reservas para su aceptación en el centro educativo.
“Que mi hijo tenga un tatuaje no significa que sea delincuente. Es un niño bueno, no drogas, no alcohol, nada”, afirmó, al tiempo que señaló que en Estados Unidos es común que los jóvenes se realicen tatuajes y que considera injusto que esta situación sea utilizada como argumento para limitar su acceso a la educación.
Asimismo, cuestionó que los documentos escolares emitidos en inglés no hayan sido aceptados de inmediato, pese a que sus hijos dominan ambos idiomas y pueden traducir la información si es necesario.
“Si no entienden los papeles, mis hijos pueden traducirlos. Ellos hablan inglés y español perfectamente”, manifestó.
Castillo relató además que le sugirieron contratar un abogado para continuar el trámite, algo que considera inviable ante su situación económica actual.
“No tengo ni para comprar comida, ¿cómo voy a pagar un abogado? Venimos deportados, sin dinero, con un trauma psicológico”, expresó.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades locales y departamentales para que revisen su caso y garanticen el derecho a la educación de sus hijos, así como a otras familias que puedan estar enfrentando situaciones similares.
“La educación es un derecho. Mis hijos tienen derecho a estudiar y no me voy a quedar callada”, concluyó.
