La Unión Europea acordó un cambio histórico en su política de comercio con los países en desarrollo: a partir de ahora, los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) estarán condicionados a que los estados cooperen en el retorno de sus ciudadanos en situación irregular. Por primera vez, Bruselas podrá retirar estas ventajas si un país no cumple con las obligaciones de readmisión, una medida que busca presionar a los gobiernos para que gestionen el flujo migratorio hacia Europa.
El acuerdo provisional, que debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de entrar en vigor en 2027, introduce también mecanismos de control más estrictos en materia de derechos humanos, laborales, medioambientales y buena gobernanza. Además, se reduce la cuota máxima de importaciones en un sector específico para mantener las preferencias, buscando proteger a productores europeos y evitar abusos en el comercio.
El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, destacó que “aquellos que se benefician del mercado europeo también deben asumir responsabilidades”, subrayando la vinculación directa entre comercio y migración. El sistema SGP, vigente desde 1971, abarca más de 60 países y 2.000 millones de personas, y busca integrar a los países en desarrollo en la economía mundial. Con esta reforma, la UE espera no solo garantizar retornos efectivos, sino también crear nuevas oportunidades comerciales para los países menos competitivos, reforzando la transparencia y la sostenibilidad en las relaciones económicas internacionales.
