México presentará el próximo jueves una reforma a su legislación electoral que contempla la incorporación de mecanismos de verificación para investigar posibles vínculos entre candidatos y el crimen organizado, en un contexto de presiones provenientes de Estados Unidos relacionadas con el caso de un gobernador acusado de narcotráfico.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum enviará la iniciativa al Congreso, donde cuenta con mayoría legislativa. La propuesta busca entrar en vigor de cara a las elecciones de 2027, en las que se renovarán cargos del Poder Legislativo, así como diversas gubernaturas y alcaldías.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum señaló: «Hemos vivido algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada».
Las autoridades informaron que recientemente fueron detenidos seis funcionarios locales por extorsión y presuntos nexos con el crimen organizado, sumando alrededor de 70 detenciones desde 2024.
Paralelamente, el gobierno enfrenta presiones por parte de Estados Unidos para detener y extraditar al gobernador Rubén Rocha, a quien se le vincula con el Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán. El funcionario solicitó licencia para separarse temporalmente de su cargo, mientras que el gobierno mexicano ha solicitado mayores pruebas al Departamento de Justicia estadounidense antes de proceder.
Sheinbaum afirmó al respecto: «No se encubre a nadie, cuando hay pruebas se procesa».
La reforma electoral contempla la creación de una comisión dependiente de las autoridades electorales, encargada de verificar con la fiscalía y organismos antilavado que los aspirantes no tengan vínculos con el crimen organizado.
La revisión no será obligatoria para los partidos políticos; sin embargo, podrán remitir a las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia los nombres de sus candidatos para evaluar posibles riesgos de vínculos con la delincuencia organizada, explicó Luisa María Alcalde, asesora jurídica del gobierno federal.
