De «injerencia” e «intervencionismo” acusó a Estados Unidos la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en una publicación en X, en la que anunció que decidió poner fin al tratado de extradición entre ambos países.
La mandataria hondureña de izquierda reaccionó así a las declaraciones de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien había expresado su «preocupación” por una reunión del ministro de Defensa de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, con el ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, quien ha sido sancionado por EE. UU.
«Se puede llegar a interpretar que estaban esperando el momento oportuno. Pero hay que ver los matices, por ejemplo, si se está queriendo proteger a un grupo de personas en particular”, sostiene el abogado Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, en entrevista con DW.
El diputado opositor del Partido Liberal Jorge Cálix, por ejemplo, aseguró en X que «si no quieren la extradición es porque ya tienen información que los próximos extraditados están en altos cargos de este gobierno”.
Por parte del gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Enrique Reina, dijo al medio Frente a Frente que se estaría promoviendo un golpe de Estado: «Un golpe de barracas basado en esta declaración de la embajadora, porque acusa prácticamente al general Roosevelt de estar inmiscuido en el narcotráfico con una personas de otro país y el ministro de Defensa. Esto es muy grave”.
¿El fin de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico?
¿No hubiera bastado con tomar alguna medida contra la embajadora Dogu en lugar de arrasar con un acuerdo, que hasta el momento permitía dar grandes golpes contra la criminalidad organizada?
«Es sorprendente la decisión, porque no encuentro una relación de causa y efecto. Claro que un Estado soberano siempre puede denunciar un tratado. Pero pienso que la queja de la embajadora es un pretexto para hacer la denuncia”, dice a DW desde Honduras el excanciller hondureño (2009-2010) Carlos López Contreras. La decisión «es vista por personeros del gobierno como una muestra de la cercanía al gobierno de Venezuela”, afirma.
«Nicolás Maduro es el único presidente en funciones que ha sido requerido por la justicia de Estados Unidos, en la que algunos lo consideran el capo del cártel de Los Soles”, señala. «Es bastante fuerte que un gobierno como el de Honduras pretenda identificarse con un gobierno que tiene esa calificación por parte de Estados Unidos”, critica.
Por otra parte, recuerda que «el Gobierno de Xiomara Castro aceptó al cien por ciento la imputación de la justicia de EE. UU. contra Juan Orlando Hernández, y sin embargo tiene reservas en relación a la imputación que hace al ministro de Defensa de Venezuela”.
Consecuencias para la democracia hondureña y las relaciones con EE. UU.
Esta decisión podría afectar la estabilidad democrática, según Juan Carlos Aguilar, debido «al posible incumplimiento de las promesas de campaña de Xiomara Castro: el fortalecimiento del Estado de derecho, el combate al crimen organizado”.
Esto podría influir en que aumente la impunidad. «Hay de por sí una precariedad en la justicia para imponer sanciones a grupos delictivos vinculados al narcotráfico”. Algo que también se manifiesta en la compra de voluntades en el Poder Judicial, asegura el jurista.
Organizaciones como Human Rights Watch y la Agenda Estado de Derecho, respaldada por la Fundación Konrad Adenauer, resaltan también, en ese sentido, los problemas que persisten para implementar la nueva Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
En lo económico, Aguilar piensa que «no hay desconocer el tema del financiamiento y cooperación que recibe Honduras del gobierno estadounidense. Eso afecta directamente a la economía de las familias hondureñas”, destaca. EE. UU. es el socio económico más importante de Honduras, además de su cooperación contra la criminalidad organizada y para contener los flujos migratorios.
La coyuntura política hondureña se ha modificado dramáticamente en las últimas horas, marcada por sucesivos acontecimientos inesperados:
- La denuncia del Tratado de Extradición con los EE. UU por parte de la presidenta de la República, Xiomara Castro (28 de agosto).
- Las declaraciones de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y vicepresidente del Congreso Nacional, de haber recibido oferta de financiamiento para campaña política electoral por parte de narcotraficantes (31 de agosto).
- La renuncia de Carlos Zelaya a su condición de diputado y a su cargo de vicepresidente del Congreso Nacional (31 de agosto).
- La renuncia de José Manuel Zelaya (hijo de Carlos Zelaya) a su posición de Ministro de Defensa (31 de agosto)