El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que el Gobierno ha destinado entre cuatro y cinco mil millones de lempiras para cubrir el pago de derechos laborales de empleados que dejarán de laborar en distintas instituciones públicas, como parte del proceso de reestructuración del Estado.
El funcionario explicó que estos recursos buscan garantizar el cumplimiento de obligaciones como prestaciones, cesantías y otros beneficios derivados de la desvinculación laboral.
No obstante, señaló que el monto asignado podría aumentar dependiendo de la información que cada institución remita con la documentación correspondiente. “Estamos predeterminados para poder llevar a cabo el pago de todo el personal”, aseguró Hércules.
El titular de Finanzas fue enfático al señalar que no se autorizarán pagos a planillas irregulares, incluyendo aquellas que sean fantasmas, duplicadas o que carezcan de respaldo legal.
Esta medida forma parte de los controles implementados para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El proceso está siendo acompañado por una comisión liquidadora, encargada de revisar el personal en diferentes dependencias del Estado y presentar las solicitudes de fondos de manera progresiva.
Actualmente, la evaluación se encuentra en su fase final en instituciones como la Secretaría de Planificación y la Secretaría de Transparencia, como parte del proceso de depuración del aparato estatal.
Con estas acciones, el Gobierno busca asegurar que los trabajadores reciban lo que les corresponde por ley, al tiempo que se fortalece la confianza ciudadana en la administración de los recursos públicos.
