Tegucigalpa- El más reciente informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el caso del mal manejo de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reveló que varios de los supuestos beneficiarios aseguraron que nunca solicitaron las ayudas que aparecen a su nombre y relataron cómo los involucraron en el proceso en el que solo firmaron, cambiaron los cheques o recibieron documento sin leerlos.
El caso Sedesol comenzó a ser investigado luego de que se viralizara un video en el que exponía a la diputada de Copán Isis Carolina Cuéllar Erazo hablando por telefono con el entonces titular de Sedesl, José Carlos Cardona.
En la llamada, Cuéllar hablaba sobre los cheques destinados para proyectos sociales fueron asignados a personas «de confianza», lo que implica una relación política o personal directa entre los beneficiarios y su equipo.
Según el testimonio de varias de esas personas, ellos cambiaban los cheques y le entregaban el dinero a Ilsy Baquedano, quien figura como asistente o colaboradora cercana de la diputada Cuéllar y aparece señalada como intermediaria en el manejo de los recursos.
“No recibí el beneficio, cambié el cheque y se lo entregué a Ilsy Baquedano», declaró uno de los beneficiarios registrado en el informe.
Otro testimonio recoge: «Me dieron un papel para firmar, no me dejaron ver el contenido; yo no hice ninguna compra».
Estas declaraciones, recabadas durante las inspecciones de campo, se repiten en múltiples expedientes y constituyen uno de los hallazgos centrales del TSC sobre la gestión del Fondo de Administración Solidaria (FAS) en el departamento de Copán.
La auditoría documenta que, entre el 3 de julio de 2023 y el 20 de febrero de 2025, se emitieron 67 cheques por un monto autorizado de 6.5 millones de lempiras; de ellos, 58 fueron cobrados por un total de L. 5,106,681.35.
No obstante, el TSC constató que la justificación de esos pagos incluyó facturas inconsistentes, cotizaciones alteradas y compras facturadas fuera de los municipios beneficiados, lo que dificulta acreditar que los recursos se destinaron a las obras o emprendimientos declarados.
Los auditores encontraron además materiales almacenados sin uso o en mal estado, bolsas de cemento endurecidas, sillas empacadas, equipos de sonido guardados, y discrepancias entre lo facturado y lo verificado en terreno.
En un caso, el inventario físico mostró 208 sillas cuando las facturas registraban la compra de 300; en otros, materiales aparecían en domicilios distintos a los proyectos descritos en las solicitudes. Estos hallazgos refuerzan las versiones de los beneficiarios que niegan haber ejecutado las compras que figuran en las liquidaciones.
El informe también documenta un patrón operativo: gestores vinculados a la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo habrían recopilado documentación, llevado a beneficiarios a cambiar cheques en agencias bancarias y gestionado la entrega de fondos o la recepción de facturas y fotografías para «cerrar» expedientes.
Los auditores registraron mensajes de WhatsApp en los que se instruía a las personas sobre cómo presentar evidencias tras la difusión pública del caso, y testimonios de beneficiarios que afirman haber sido convocados a firmar sin poder revisar los papeles.
El informe remite los hallazgos al Ministerio Público, recomendando que se evalúen responsabilidades administrativas y penales, y sugiere fortalecer la verificación física y los mecanismos de rendición de cuentas antes de autorizar desembolsos.
El TSC subraya la necesidad de que las autoridades competentes actúen con celeridad para esclarecer si las irregularidades denunciadas constituyen delitos y para recuperar, en su caso, los recursos públicos que no fueron aplicados conforme a la finalidad legal.
