“Antes vivíamos con dignidad, ahora estamos peor que los que mendigan en la calle. Incluso mendigar se ha vuelto inútil, la gente ya no tiene nada”. Así lo relata a EFE Mitalia Cincir, una de las miles de haitianas obligadas a abandonar su hogar y refugiarse en un albergue improvisado tras la ola de violencia de las bandas que azotan al país.
Un país desplazado por la violencia
Más de un millón de haitianos —entre ellos miles de niños— son hoy desplazados internos. Solo en la región metropolitana de Puerto Príncipe, controlada en un 90 % por grupos armados, uno de cada tres habitantes se ha visto forzado a huir: unos hacia campamentos insalubres, otros hacia ciudades más seguras o incluso al exilio en países como Brasil y México.
Desde noviembre de 2024, la Escuela Nacional República Argentina, en Bellegarde, funciona como un improvisado campamento de desplazados. Allí, el bullicio cotidiano se mezcla con los llantos de bebés hambrientos. En su patio vive Mitalia Cincir, de unos 50 años, junto a sus seis hijos. Huyó de su casa en Solino el día que bandidos armados tomaron el barrio. Lo perdió todo en cuestión de horas: sus pertenencias, su hogar y los recuerdos construidos durante años.
“En el campamento vivimos como parásitos, como indigentes. Es la consecuencia directa del fracaso del Estado”, denuncia la mujer, agotada. “Aquí la vida es extremadamente amarga, como la hiel”.
Miseria bajo techo prestado
En Bellegarde, cientos de desplazados duermen sobre el suelo. Quienes no tienen nada para acostarse esperan de pie bajo la lluvia, y cuando escampa utilizan su propia ropa para secar el piso antes de tenderse.
“No hemos recibido ninguna ayuda. El campamento Argentine Bellegarde nunca ha recibido nada”, asegura Gabriel Charly, presidente del albergue. Denuncia que llevan más de cinco meses sin que autoridad alguna se acerque a constatar sus condiciones de vida.
Promesas y desconfianza
En julio, el Gobierno haitiano anunció un programa nacional de reubicación dirigido por el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo (MAST) y la Oficina Nacional de Migración (ONM). La iniciativa ofrece cheques por 90.000 gourdes (unos 685 dólares) a familias que abandonen voluntariamente los campamentos. Según cifras oficiales, ya se han entregado al menos 3.650 cheques.
Sin embargo, muchos desplazados rechazan la medida y piden, en cambio, que se restablezca la paz para regresar a sus hogares. “Solo volveré a Solino cuando haya seguridad, aunque hoy siga bajo control de las bandas”, afirma con firmeza Cincir.
Una crisis sin salida
Mientras el Gobierno insiste en comunicados, la realidad es que el Estado no logra recuperar territorios dominados por bandas criminales. Entre abril y junio, la violencia dejó al menos 1.520 muertos y 609 heridos, además de 185 secuestros y 628 víctimas de violencia sexual, de acuerdo con la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La cifra de desplazados crece día tras día, atrapados en un limbo entre la inseguridad y la indiferencia institucional. Para Mitalia Cincir y miles de haitianos más, la esperanza de volver a vivir con dignidad parece tan lejana como la paz que esperan.
