San Salvador (AFP). El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comparó este miércoles el juicio colectivo contra líderes de pandillas en su país con los históricos Juicios de Núremberg, llevados a cabo tras la Segunda Guerra Mundial contra altos jerarcas del régimen nazi.
Un total de 486 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), organización catalogada como terrorista por Estados Unidos, están siendo procesados desde el lunes. Se les atribuye la responsabilidad de más de 29,000 homicidios, incluidos los 87 asesinatos registrados en marzo de 2022, hechos que motivaron al Ejecutivo a declarar una “guerra” contra las pandillas.
A través de la red social X, el mandatario destacó como elemento innovador del proceso la aplicación del principio de responsabilidad de mando, que permite atribuir a los líderes criminales los delitos cometidos por sus organizaciones. “Este principio no es nuevo; fue aplicado en Europa durante los Juicios de Núremberg”, afirmó, en respuesta a críticas del exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth, quien calificó el proceso como injusto, particularmente por incluir a 22 presuntos líderes de la MS-13.
Durante la audiencia, testigos protegidos señalaron a estos 22 dirigentes, conocidos como “ranfleros”, de operar la estructura como un “corporativo criminal”, según declaraciones del fiscal Max Muñoz.
Los Juicios de Núremberg, realizados entre 1945 y 1946 por las potencias aliadas, sentaron precedentes en el derecho penal internacional al juzgar de forma individual a 21 altos funcionarios del régimen nazi, de los cuales 12 fueron condenados a muerte.
En contraste, el proceso en El Salvador —considerado el primero en su tipo contra la estructura de mando de pandillas— agrupa acusaciones por aproximadamente 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según la Fiscalía.
Este juicio se enmarca en la política de seguridad impulsada por el gobierno desde marzo de 2022, cuando se instauró un régimen de excepción que ha derivado en más de 91,000 detenciones sin orden judicial. Diversos organismos de derechos humanos han cuestionado estas medidas, denunciando presuntas detenciones arbitrarias, así como casos de tortura y muertes bajo custodia estatal.
