El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, instruyó a la Comisión Legislativa de Seguridad y Prevención Ciudadana a instalar una mesa de trabajo interinstitucional con el objetivo de abordar de forma urgente la problemática de la invasión de tierras productivas en el país.
Durante la sesión legislativa, Zambrano exhortó al pleno de diputados a actuar desde el Poder Legislativo ante lo que calificó como un deterioro de la seguridad jurídica, situación que —según señaló— está afectando negativamente la inversión nacional y extranjera.
El titular del Congreso se refirió al incremento de las invasiones de tierras productivas en distintas zonas del territorio nacional, atribuyendo esta situación a la falta de políticas públicas efectivas y a la inacción de administraciones anteriores.
Asimismo, lamentó que en el pasado no se ejecutaran órdenes de desalojo en áreas productivas, a pesar de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Zambrano advirtió que esta problemática impacta directamente en la inversión, la generación de empleo, la producción nacional y la seguridad jurídica del país, por lo que consideró necesaria una intervención legislativa y el establecimiento de mecanismos de control.
En ese sentido, recordó que en 2020 se realizaron reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para agilizar los procesos en casos de invasión de tierras productivas. Sin embargo, señaló que dichas disposiciones no han sido aplicadas con la debida eficacia.
El legislador anunció que se instruirá a la Comisión de Seguridad para coordinar una mesa de trabajo con diversas instituciones del Estado, incluyendo la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Nacional Agrario y las Fuerzas Armadas de Honduras, con el fin de revisar la legislación vigente, analizar casos recientes y determinar el impacto de estas invasiones en el sector productivo.
Zambrano indicó que de este proceso se elaborará un diagnóstico integral y no descartó la posibilidad de impulsar nuevas reformas legales si fuera necesario.
No obstante, aclaró que también se tomarán en cuenta las demandas de los grupos campesinos, quienes —según afirmó— tienen derecho a acceder a la tierra, en el marco de la Ley de Reforma Agraria, siempre sin afectar la propiedad privada.
Finalmente, enfatizó que la situación requiere atención prioritaria, al advertir que la falta de seguridad jurídica está desincentivando la inversión y afectando a diversos sectores productivos del país.
