El 25 de mayo, el CN recibirá los listados definitivos de los postulantes al CNE y al TJE.

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El Congreso Nacional recibirá el próximo 25 de mayo los listados oficiales de los postulantes a magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como un conjunto de reformas orientadas a regular la conducta de los funcionarios electorales, especialmente en lo referente a la inasistencia injustificada a sesiones o la obstrucción de decisiones institucionales.

Así lo informó el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, presidente de la comisión especial del Congreso Nacional encargada de evaluar las hojas de vida de cerca de un centenar de aspirantes. De ese proceso se seleccionará una nómina final de 12 candidatos para cada organismo, la cual será posteriormente sometida a consideración del pleno legislativo.

“La lista de 24 postulantes —12 para el CNE y 12 para el TJE— será entregada el lunes 25 de mayo, Día del Periodista. Ese mismo día también se presentarán las reformas relacionadas con el funcionamiento del CNE, el quórum, la toma de decisiones y las sanciones para los consejeros que no asistan o abandonen sesiones sin justificación”, explicó el legislador a LA TRIBUNA.

Rivera se refirió además a la actuación de los ahora exfuncionarios Marlon Ochoa y Mario Morazán, exmagistrados del CNE y del TJE, respectivamente, quienes fueron destituidos mediante juicio político tras ausentarse de sesiones y permitir retrasos en el cronograma electoral, lo que —según el diputado— puso en riesgo el desarrollo del proceso electoral y el orden constitucional.

En ese sentido, señaló que las reformas buscan evitar que situaciones similares se repitan en futuros procesos electorales. “No queremos que se vuelva a repetir lo ocurrido con el consejero Ochoa, quien atrasó el cronograma electoral por dos meses al no adjudicar el TREP. Por eso estamos trabajando en sanciones más estrictas para quienes incumplan sus responsabilidades”, afirmó.

Por ahora, los aspirantes han superado la fase de evaluación de la comisión legislativa. La nómina será reducida a 12 candidatos por organismo, de la cual el Congreso Nacional elegirá a un titular para cada cargo. Entre los postulantes figuran exintegrantes de organismos electorales, figuras reconocidas de la vida nacional y representantes de distintos sectores políticos.

Mayoría calificada

Una vez presentada la lista final, el Congreso deberá alcanzar una mayoría calificada de 86 votos para la elección de los nuevos magistrados. No obstante, aún no existe consenso entre las bancadas.

De acuerdo con Rivera, la Ley Electoral no establece cuotas partidarias, por lo que los diputados pueden elegir libremente entre los candidatos propuestos. Sin embargo, las posiciones siguen divididas: un sector liberal, aliado de la bancada nacionalista, condiciona su apoyo a que se respete la representación del partido Libre, mientras que otra mayoría relativa propone que los nombramientos recaigan en figuras de la sociedad civil sin afiliación partidaria.

“Ninguna de las dos propuestas alcanza los 86 votos necesarios, por lo que considero que no hay aún un acuerdo definitivo y este tema podría prolongarse”, añadió el diputado.

Otras reformas

Paralelamente, el Congreso Nacional trabaja en un paquete de reformas electorales orientadas a fortalecer el sistema democrático y evitar irregularidades registradas en procesos anteriores.

Entre las propuestas destacan la prohibición de candidaturas legislativas sin participación en elecciones primarias o generales, la regulación del nombramiento de delegados de mesa electoral, y la asignación de credenciales a representantes de la sociedad civil o estudiantes universitarios.

Asimismo, se discuten iniciativas como la elección de diputados por distritos, el fortalecimiento del voto en el exterior, la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la biometría, la posible reducción del número de diputados y la eliminación del financiamiento público de las elecciones primarias, trasladando dicho costo a los propios partidos políticos.