Estados Unidos evalúa imponer fuertes aranceles, de hasta el 100%, a las importaciones provenientes de Nicaragua debido a las reiteradas violaciones a los derechos humanos y laborales cometidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La medida forma parte de un informe oficial divulgado por la Oficina del Representante Comercial (USTR), que analiza la suspensión total o parcial de los beneficios comerciales que Nicaragua recibe bajo el Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
El informe detalla que Nicaragua está llevando a cabo abusos generalizados en materia de derechos laborales, además de imponer restricciones severas al derecho de propiedad y la libertad religiosa. Estas acciones, advierte la investigación, no solo afectan a la población nicaragüense, sino que también limitan las oportunidades de comercio para las empresas estadounidenses en el país centroamericano.
Bajo la Sección 301 de la Ley Comercial de 1974, el USTR tiene facultades para investigar y sancionar prácticas comerciales desleales y violaciones a derechos humanos en sus socios comerciales. Tras esta investigación, el organismo propone la suspensión de todos los beneficios del CAFTA-DR para Nicaragua, incluyendo la eliminación de concesiones arancelarias, y la posible aplicación de aranceles máximos sobre las importaciones nicaragüenses, que podrían entrar en vigor de forma inmediata o progresiva en un plazo de hasta 12 meses.
El informe también condena el clima de acoso sistemático contra la oposición política en Nicaragua y denuncia que casi la mitad de los niños entre 10 y 14 años están obligados a trabajar, una situación alarmante que refleja el deterioro del estado de derecho en el país.
Aunque no se ha especificado una fecha para la aplicación de estas sanciones, el documento destaca la gravedad de la situación y subraya que el régimen de Ortega y Murillo continúa intensificando sus abusos, poniendo en jaque las garantías fundamentales y los derechos laborales.
