El jefe de bancada del Partido Nacional (PN), Carlos Cano, lanzó fuertes declaraciones contra el expresidente, Manuel Zelaya Rosales, a quien acusó de intentar politizar el debate sobre el juicio político en Honduras.
A través de su cuenta en la red social X, Cano aclaró que este proceso no constituye persecución, sino que responde al funcionamiento de las instituciones dentro del marco de la ley.
“El juicio político no es un ataque personal, es un mecanismo institucional que debe resolverse mediante el debido proceso”, enfatizó.
El congresista señaló que Zelaya recurre a la victimización anticipada y a señalamientos sin sustento, con el fin de desviar la atención de lo que considera un tema estrictamente legal. Cano subrayó que, si sus seguidores confían en su “héroe”, este tiene la oportunidad de presentar pruebas y responder ante las autoridades competentes.
“@manuelzr pretende hacer lo que más disfruta: convertir un tema institucional en un tema político. Aquí viene con el mismo libreto: victimización anticipada y señalamientos sin sustento. Cuando el sistema le conviene, lo defiende; y cuando no, lo deslegitima”.
“Ese doble discurso ya lo conocemos. Aquí no hay persecución. Hay instituciones actuando. Y si tanto confían en su ‘héroe’, podrá responder con pruebas ante cualquier proceso. En Honduras nadie está por encima de la ley. Todo debe resolverse mediante el debido proceso”.
Asimismo, recordó que en Honduras nadie está por encima de la ley, y que cualquier ciudadano, independientemente de su trayectoria política, debe someterse a los procedimientos establecidos.
Las declaraciones de Cano se producen en un contexto de creciente tensión, donde distintos sectores manifiestan posiciones encontradas sobre la aplicación del juicio político.
Mientras unos lo consideran una herramienta legítima de control institucional, otros lo interpretan como un mecanismo de persecución.
Con este pronunciamiento, el jefe de bancada del PN busca reafirmar la postura de su partido en defensa de la institucionalidad y del respeto al marco jurídico vigente, dejando claro que la discusión debe mantenerse en el terreno legal y no en el político.
