En Honduras, los desalojos han dejado de ser hechos aislados para convertirse en una política de Estado. Entre el 6 de junio de 2023 y el 14 de mayo de 2025, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) registró 46 operativos en comunidades rurales y urbanas que afectaron a 9,443 familias, en su mayoría campesinas, indígenas y obreras.
El monitoreo, elaborado por el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial, revela una tendencia alarmante: el 85 % de los desalojos se ejecutaron con violencia, y solo cuatro fueron suspendidos.
Las cifras muestran el costo humano de una estrategia estatal que, bajo el argumento de “seguridad agraria”, profundiza las heridas históricas del campo hondureño. Las escenas se repiten con crudeza: maquinaria pesada arrasando cultivos, viviendas reducidas a escombros y familias huyendo entre el llanto y la impotencia.
Según Cespad, en muchos casos los desalojos se realizan sin órdenes judiciales, en abierta violación al debido proceso. Los departamentos de Yoro, Colón y Cortés concentran la mayoría de los casos, zonas fértiles codiciadas por corporaciones agroexportadoras dedicadas a la palma africana, la caña de azúcar y la ganadería extensiva, sectores que desde hace años presionan por expandir sus monocultivos.
Durante estos operativos, la fuerza pública ha hecho uso desproporcionado de la violencia, afectando a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Al mismo tiempo, se criminaliza a los líderes comunitarios que defienden su derecho a la tierra.
El informe documenta cómo, lejos de resolver el conflicto agrario, el Estado ha optado por reprimir la resistencia campesina. De las 46 acciones registradas, más de la mitad corresponden a familias afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y a empresas asociativas de producción.
Estas comunidades, que producen granos básicos y sostienen buena parte de la soberanía alimentaria del país, hoy ven sus parcelas en disputa. El resultado: desalojos violentos que desmantelan comunidades enteras y ponen en riesgo la seguridad alimentaria nacional.
El monitoreo también advierte un patrón sistemático de despojo en territorios indígenas, donde la expansión empresarial avanza a costa de los derechos humanos y de la vida campesina.
