El titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Emilio Hernández Hércules, denunció que en los últimos diez días se han ejecutado embargos contra el Estado que superan los 3 mil millones de lempiras, impactando de manera directa las finanzas públicas.
De acuerdo con el funcionario, en los últimos cinco años el Estado de Honduras acumuló embargos por aproximadamente 10 mil millones de lempiras. Sin embargo, solo en los primeros días de febrero la cifra ya rebasa los 3 mil millones, lo que representa más del 30 % en comparación con lo registrado en años anteriores.
Las declaraciones fueron ofrecidas este viernes, durante su segunda visita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde sostuvo una reunión con su presidenta, Rebeca Ráquel Obando, y magistrados de la Sala de lo Laboral.
Preocupación por impacto en áreas prioritarias
Hernández Hércules lamentó que los embargos no solo afectan la ejecución del plan de Gobierno, sino también sectores prioritarios como salud, educación y atención a la niñez.
“Anteriormente se ejecutaban alrededor de 2 mil millones de lempiras por año; ahora, en tan solo diez días, ya sumamos 3 mil millones”, subrayó el funcionario.
El titular de SEFIN expresó su preocupación por el incremento acelerado en la ejecución de demandas judiciales en materia laboral, una problemática que —según indicó— ha afectado al país desde hace varios años, pero que recientemente se ha intensificado de manera “realmente impresionante”.
Asimismo, denunció que “hemos identificado que hay actores de la Procuraduría General de la República, del Poder Judicial y de defensores privados que pareciera que se han coludido para llevar a cabo estos embargos”.
Por su parte, indicó que la presidenta de la CSJ manifestó su disposición de tomar acciones y convocar al pleno de magistrados para abordar la situación. “Nos parece algo muy positivo. Desde el Gobierno y la Secretaría de Finanzas también tendremos que adoptar medidas para salvaguardar intereses fundamentales como la salud, la educación y la niñez”, afirmó.
Coordinación interinstitucional
En relación con el encuentro, Hernández Hércules explicó que el objetivo principal es revisar lo que está ocurriendo y coordinar acciones con el Poder Judicial, el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República, respetando la independencia de poderes pero promoviendo una complementariedad institucional.
El funcionario señaló la necesidad de frenar la tendencia de los embargos y realizar una revisión del procedimiento, ya que —según sostuvo— no se estarían cumpliendo ciertos preceptos constitucionales que obligan a la comunicación entre los juzgados de trabajo y la Tesorería General de la República.
Finalmente, detalló que mediante un oficio dirigido a la presidenta de la CSJ, con copia al presidente del Banco Central, a la Procuraduría General de la República y al pleno de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, se recordó que el artículo 313 de las disposiciones generales vigentes establece que, previo a emitir un embargo, el juzgado debe comunicarse con la Tesorería General de la República para verificar la disponibilidad presupuestaria y los renglones institucionales que podrían verse afectados, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones sin comprometer áreas esenciales del Estado.
