La Sala II del Tribunal de Sentencia de los Juzgados de San Pedro Sula declaró culpables a Rosa Yadira Cortés Gutiérrez, Edwin Noel Ávila y Delmira Gutiérrez Bonilla por diversos delitos cometidos en perjuicio de cuatro menores de edad, entre ellos trata de personas agravada en la modalidad de trabajo forzado, lesiones y adopción irregular.
De acuerdo con la resolución judicial, los ahora condenados sometían a los niños a largas jornadas de recolección de material reciclable en Puerto Cortés, utilizando amenazas constantes, incluso de muerte, para obligarlos a trabajar. Las investigaciones establecieron que, para evitar que escaparan, los menores eran encadenados mientras dormían en el suelo y permanecían bajo estricta vigilancia.
Las autoridades señalaron que el material reciclable era trasladado posteriormente a San Pedro Sula para su comercialización, actividad que generaba ingresos de hasta 50 mil lempiras, según las investigaciones.
Durante el juicio también se acreditó que las víctimas sufrían graves condiciones de abandono, desnutrición y constantes agresiones físicas. Entre las evidencias presentadas se documentaron golpes, quemaduras, torturas y lesiones de gravedad, incluyendo la pérdida de piezas dentales y daños en las partes íntimas de una de las víctimas.
Los tres implicados fueron capturados durante la Operación Amanecer, ejecutada por el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Puerto Cortés, operativo en el que fueron rescatados los cuatro menores.
El requerimiento fiscal fue presentado el 13 de enero de 2026 por la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas del Ministerio Público, dando inicio al proceso judicial que concluyó con el fallo condenatorio emitido el pasado 30 de junio.
Según el Código Penal hondureño, el delito de trata de personas agravada contempla penas de entre 15 y 20 años de prisión. Sumadas las sanciones por los demás delitos, cada uno de los condenados podría enfrentar una pena mínima de 37 años de cárcel, aunque la sentencia definitiva será determinada durante la audiencia de individualización de la pena, programada para el próximo 7 de agosto.
