La tensión estalla en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) tras la impactante denuncia de la magistrada Miriam Barahona, quien alertó públicamente sobre una presunta orden de captura en su contra y contra el magistrado presidente Mario Flores Urrutia.
Barahona reveló que se estaría preparando un requerimiento fiscal que podría derivar en acciones legales contra ambos altos funcionarios, una situación que calificó como una clara persecución por motivos políticos.
“No podemos ser perseguidos por nuestras resoluciones y mucho menos por las sentencias. Esto no es un Estado de derecho y el pueblo hondureño debe saberlo”, advirtió con tono firme, señalando que su independencia judicial estaría siendo amenazada.
La denuncia ha sacudido al ambiente político y judicial del país, pues el TJE juega un papel crucial en la vigilancia de los procesos electorales. La magistrada no detalló la fuente de la información ni las razones específicas del supuesto requerimiento, pero insistió en que cualquier intento de intimidar a jueces electorales “atenta directamente contra la democracia”.
Hasta el momento, el Tribunal de Justicia Electoral guarda silencio, mientras crece la expectativa sobre la posible confirmación de las acciones legales. Diversas organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales siguen de cerca el caso, que ya genera inquietud sobre la estabilidad institucional del país.
