La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró este miércoles al Estado de Honduras responsable de violar los derechos de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, al no garantizar la consulta previa, libre e informada y permitir un clima de hostigamiento que afectó su territorio, subsistencia e identidad cultural.
La comunidad garífuna se ha asentado históricamente en el archipiélago de Cayos Cochinos, donde su vida diaria, economía y prácticas culturales están estrechamente vinculadas al mar y a la pesca artesanal.
El caso fue presentado en 2023 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que posteriormente lo elevó a la CorteIDH para su resolución definitiva.
Procesos legales y administración del territorio
Aunque la comunidad obtuvo títulos de propiedad plena sobre sus cayos entre 2006 y 2007, tras un proceso iniciado en el año 2000, el Estado declaró y gestionó el área como zona protegida, creó y amplió el Monumento Natural Marino, aprobó planes de manejo, la Ley de Pesca y autorizó actividades turísticas y televisivas sin la debida consulta ni participación de la población garífuna. Además, no les otorgó facultades de administración sobre el territorio.
La CorteIDH concluyó que estas acciones vulneraron derechos fundamentales como la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal de la comunidad. Asimismo, determinó que la falta de investigación ante amenazas y agresiones contra integrantes del pueblo garífuna constituyó una violación al derecho a la protección judicial.
El tribunal también señaló que la imposición de actividades turísticas y la realización de reality shows desde 2006 restringieron temporalmente el acceso al territorio y afectaron la pesca artesanal, actividad esencial para la subsistencia de la comunidad.
La presencia militar, la ausencia de regulación adecuada y la exclusión de la comunidad en la administración del área protegida generaron, según el fallo, un clima de hostigamiento incompatible con el ejercicio pleno de sus derechos culturales y alimentarios.
Órdenes al Estado hondureño
En su sentencia, la CorteIDH ordenó al Estado de Honduras garantizar la consulta previa, libre e informada, permitir la participación efectiva de la comunidad en la gestión del Monumento Natural Marino, investigar las denuncias presentadas, publicar la sentencia y pagar las indemnizaciones correspondientes por daños materiales e inmateriales.
