La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) logró una sentencia condenatoria contra Albertina Eduviges Gómez Canales, exfuncionaria del Instituto Nacional Penitenciario (INP), por su implicación en el desvío de fondos destinados a familiares de privados de libertad fallecidos en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en 2004.
Gómez Canales fue sentenciada a cuatro años y seis meses de prisión, además de inhabilitación especial por seis años y 11 meses, por el delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública.
Fondos destinados a víctimas fueron malversados con documentos falsos
La condena se relaciona con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida en 2012 tras el fallo del “Caso Pacheco Teruel y otros”, en el que se ordenó al Estado de Honduras indemnizar a los familiares de los 107 reclusos fallecidos en el incendio.
Cada familia debía recibir una compensación de 317,289.72 lempiras, y los pagos comenzaron en 2017, luego de que el INP conformara una comisión especial para cumplir con el fallo internacional.
Sin embargo, las investigaciones revelaron que al menos 49 cheques fueron cobrados irregularmente por una persona que utilizó poderes falsificados, sin autorización de los beneficiarios legítimos. Se detectaron además firmas y huellas dactilares falsificadas y la ausencia de documentación válida en numerosos expedientes.
Falsificación sistemática y daño millonario al Estado
Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, Albertina Gómez Canales firmó siete actas de comparecencia simulando la presencia de familiares, lo que facilitó el cobro fraudulento de los cheques. El perjuicio total al Estado supera los siete millones de lempiras.
Este caso forma parte de una investigación más amplia. Por los mismos hechos ya fue condenada Karla Patricia Pavón Bustillo, quien recibió diez años de prisión, una multa de 375 días e inhabilitación especial por nueve años, por 33 delitos de falsificación de documentos públicos, 33 delitos de estafa agravada y uso de documentos falsos.
