En el marco de las políticas de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, las autoridades nacionales han conformado una Mesa Técnica Interinstitucional, orientada a la implementación de acciones integrales para contrarrestar la planificación y ejecución del delito de extorsión.
Estas estructuras criminales emplean mecanismos ilegales de comunicación para sostener operaciones sistemáticas de extorsión, afectando principalmente a sectores estratégicos como el transporte público y pequeños emprendedores. En respuesta a esta problemática, la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en coordinación con las unidades de inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), ha intensificado las labores de identificación, seguimiento y desarticulación de dichas estructuras delictivas.
Como parte de los resultados operativos, se reporta la captura de más de 40 colaboradores externos vinculados a estas redes criminales, quienes desempeñaban funciones logísticas, incluyendo la ejecución de actos violentos y la gestión de cobros extorsivos mediante sistemas financieros y plataformas digitales.
De manera paralela, se han fortalecido las medidas de control penitenciario mediante la reclasificación y traslado de personas privadas de libertad hacia módulos de máxima seguridad, donde se aplican protocolos estrictos de aislamiento, restricción de comunicaciones y vigilancia permanente, con el objetivo de interrumpir cualquier capacidad de coordinación de actividades delictivas.
La Mesa Técnica está integrada por la Policía Nacional, bajo el liderazgo del director general, comisionado Rigoberto Oseguera Mass; el Instituto Nacional Penitenciario (INP), a través de sus unidades especializadas de inteligencia; y el Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), consolidando un enfoque interinstitucional para el abordaje integral de esta problemática.
Entre las principales líneas estratégicas definidas, se prioriza el fortalecimiento de los mecanismos de control interno en los centros penitenciarios, con énfasis en la detección, investigación y judicialización de actos de corrupción vinculados al ingreso ilegal de objetos y comunicaciones prohibidas.
