El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, reveló cifras que —según afirmó— evidencian un trato desigual en la contratación de médicos cubanos en el país, señalando que en dos años el Estado habría desembolsado más de 130 millones de lempiras bajo un esquema que, asegura, no beneficia en iguales condiciones al profesional hondureño.
En entrevista en Noticieros, Santos detalló que el convenio firmado el 1 de febrero de 2024 contempló el pago mensual de 1,600 dólares por cada uno de los 128 médicos cubanos que integraron la brigada. Esto equivale a 204,800 dólares mensuales, es decir, alrededor de 5.4 millones de lempiras cada mes.
“Es una cantidad escandalosa. Duele porque hemos estado luchando por plazas para médicos que estuvieron en primera línea durante la pandemia y aún hay 250 esperando nombramiento. Siempre se nos dijo que no había dinero”, cuestionó.
El acuerdo fue suscrito en Tegucigalpa por el embajador de Cuba, Juan Roberto Loforte Osorio, en representación del Ministerio de Salud Pública de la isla, y por Ricardo Arturo Salgado, entonces secretario de Planificación Estratégica, durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.
Santos denunció que el Estado no solo asumió el salario mensual de los médicos cubanos, sino también vivienda completamente amueblada, servicios públicos, internet, transporte, boletos aéreos y otros gastos logísticos. Además, indicó que los pagos estaban exentos de impuestos.
“El médico hondureño tributa el 15% de su salario, aporta al Seguro Social y muchas veces debe costear su propio transporte para llegar a zonas remotas. Aquí se creó una clase privilegiada por encima del profesional nacional”, afirmó.
El titular del CMH también señaló que la documentación de los médicos extranjeros no fue presentada ante el Colegio para su acreditación correspondiente, como establece la ley de colegiación obligatoria.
En un contexto de hospitales con escasez de insumos, equipos dañados y pacientes obligados a adquirir medicamentos por su cuenta, Santos calificó el convenio como “una mala negociación” que impactó las finanzas públicas.
“Tenemos más de 10 mil médicos hondureños desempleados. Ese dinero pudo invertirse en fortalecer el sistema nacional y brindar oportunidades a quienes desean servir en su propio país”, concluyó.
