El marcado contraste entre la condena pública contra una docente y la aparente tolerancia frente a los señalamientos que involucran a miembros de la clase política vuelve a poner sobre la mesa una incómoda realidad nacional: en Honduras, la indignación y el peso de la justicia no siempre parecen aplicarse con la misma intensidad.
En el caso de la maestra de Yoro, el sistema actuó con rapidez y contundencia. Un episodio de violencia en el aula una conducta que no debe justificarse ni minimizarse bastó para que la docente fuera detenida, esposada y expuesta ante las cámaras. En cuestión de horas, veintiséis años de trayectoria profesional quedaron bajo la sombra de un hecho reprochable y del implacable juicio público.
Pero la pregunta es inevitable: ¿por qué esa misma severidad parece desaparecer cuando los señalamientos alcanzan a figuras del poder político?
Las polémicas imágenes atribuidas al alcalde de Yuscarán, en las que se observa un ambiente impropio dentro de instalaciones municipales y se escuchan expresiones relacionadas con el supuesto desvío de fondos públicos, merecen una investigación seria, inmediata y transparente. No corresponde a la opinión pública dictar una sentencia anticipada, pero tampoco es aceptable que hechos de semejante gravedad sean recibidos con indiferencia institucional.
Si existen indicios de un posible uso indebido de los recursos del pueblo, las autoridades competentes tienen la obligación de investigar. La ley debe actuar con el mismo rigor, sin importar si se trata de una maestra, un alcalde, un diputado o cualquier otro ciudadano.
Lo ocurrido con la docente estuvo mal. La violencia contra un estudiante no puede normalizarse. Pero tampoco puede normalizarse el despilfarro, el abuso de poder ni las expresiones que sugieran un posible saqueo de las arcas públicas.
Honduras no puede seguir siendo un país donde el ciudadano común enfrenta todo el peso del sistema mientras, ante los poderosos, la indignación se diluye y las instituciones guardan silencio.
¿Qué nos está pasando, Honduras?
¿Nos hemos acostumbrado a castigar con furia al más débil y a guardar silencio frente al poder?
La justicia que solo alcanza a unos pocos no es justicia. Y el silencio ante los posibles abusos contra el dinero del pueblo termina convirtiéndose en complicidad.
¿Acaso permitiremos que el mal termine venciendo?
