La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ejecutó recientemente la operación “Rastreo Electrónico”, que permitió la captura de siete mujeres señaladas como integrantes clave de una red criminal dedicada a la extorsión en diversas regiones de Honduras.
Según las autoridades, el operativo busca debilitar y desarticular las finanzas de la organización, la cual obligaba a emprendedores, trabajadores del transporte y pequeños y medianos comerciantes a realizar pagos periódicos bajo amenazas. Las investigaciones indican que la red operaba en al menos ocho departamentos del país, recaudando varios millones de lempiras mediante cobros ilegales.
Como parte de la acción, se realizaron nueve allanamientos simultáneos, dos en el departamento de Yoro y siete en Francisco Morazán, donde se inspeccionaron propiedades vinculadas a la organización para recopilar evidencia que fortalezca el proceso investigativo.
Las detenidas fueron identificadas como Génesis Velardine Osorio Bueso (34), Fabiola Marcela Flores Girón (40), Maryori Missel Zepeda Perdomo (36), Evelin Yackeline Berríos Reyes (41), Alexandra Paola Sierra Ordóñez (36), Nelly Lizeth Zepeda Sánchez (37) y Estephany Nohelia Zamora Leonardo. Según la Dipampco, las mujeres tenían un papel crucial en la logística financiera de la red, abriendo cuentas bancarias y habilitando billeteras electrónicas para mover el dinero de las extorsiones, lo que dificultaba su rastreo.
La investigación continúa, ya que el cabecilla principal de la organización se encuentra privado de libertad y las autoridades ejecutarán nuevas órdenes de captura contra otros miembros activos. Durante los allanamientos se recolectaron documentos, dispositivos electrónicos y evidencia financiera, que serán incorporados al expediente para ampliar las responsabilidades penales de los implicados.
La Dipampco reiteró que el objetivo es desarticular completamente la red y garantizar que los miembros ya condenados sean trasladados a módulos de máxima seguridad para impedir la coordinación de actividades delictivas desde los centros penitenciarios.
