La Justicia brasileña comenzó a juzgar a diez militares acusados de planear el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del magistrado Alexandre de Moraes, en el marco del intento de golpe liderado por el expresidente Jair Bolsonaro, ya condenado a 27 años de prisión.
La Fiscalía sostiene que los acusados, en su mayoría miembros de un grupo de élite del Ejército, presentaron sus planes al propio Bolsonaro en noviembre de 2022, cuando aún estaba en la Presidencia. Según las investigaciones, los militares vigilaban a sus objetivos y tenían listos todos los detalles para ejecutar el magnicidio, bautizado como “Puñal Verde Amarillo”.
El autor intelectual del plan habría sido el general de la reserva Mario Fernandes, entonces viceministro de la Secretaría General de la Presidencia, y los documentos obtenidos describen el uso de armas de guerra y la participación de un grupo élite del Ejército conocido como ‘kids pretos’.
El juicio se realiza en la Primera Sala de la Corte Suprema, la misma que ya condenó a Bolsonaro, y se desarrollará en cuatro sesiones hasta su conclusión. La Fiscalía sostiene que el expresidente tenía pleno conocimiento del plan operacional.
Además de Bolsonaro, la acusación alcanza a otras 36 personas cercanas al expresidente, entre exministros y jefes militares, varios de los cuales ya han recibido condenas de entre dos y 27 años de prisión. Mientras Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria por incumplir medidas cautelares, sus abogados buscan mantener la modalidad de detención debido a su edad y problemas de salud, incluyendo secuelas de una puñalada sufrida en 2018 y un incipiente cáncer de piel detectado recientemente.
El caso ha generado un profundo impacto político y social en Brasil, donde el intento de golpe y la planificación de un magnicidio presidencial confirman la gravedad de la amenaza que enfrentó la democracia del país.
