La organización Amnistía Internacional (AI) reiteró este miércoles su preocupación por la presunta «detención arbitraria» de la abogada Ruth López, reconocida por sus críticas al gobierno del presidente Nayib Bukele, así como por las supuestas «violaciones a los derechos humanos» cometidas en su contra. La entidad solicitó que se garantice plenamente el respeto al debido proceso.
López fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo la acusación de peculado (malversación), en el marco de su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Posteriormente, la Fiscalía General de la República modificó la imputación a enriquecimiento ilícito al presentar la acusación formal el 2 de junio de 2025.
Amnistía Internacional también exigió el cese de la incomunicación a la que, según la organización, está sometida López, así como el cumplimiento íntegro de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que la situación reviste gravedad y urgencia.
El lunes, al cumplirse un año de su encarcelamiento, familiares de la abogada calificaron su detención como un «secuestro» por parte del Estado salvadoreño.
«Ruth López es una presa de conciencia, detenida injustamente desde hace un año por su lucha incansable contra la corrupción y su defensa de la justicia social. Exigimos su liberación inmediata e incondicional», expresaron.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, afirmó que, tras un año de detención, las autoridades salvadoreñas continúan sometiendo a López a condiciones incompatibles con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, advirtió que la incomunicación prolongada, las restricciones al derecho de defensa y la falta de publicidad del proceso generan serias dudas sobre el respeto a las garantías judiciales y al debido proceso, tanto en este caso como en otros miles de detenciones en El Salvador.
La organización también expresó preocupación por el impacto humano y social que la detención ha tenido en el entorno familiar, comunitario y profesional de López.
Añadió que, además de su labor como defensora de derechos humanos, la abogada ha desempeñado un papel activo en espacios educativos y comunitarios, donde apoyaba iniciativas sociales y acompañaba diversas demandas ciudadanas.
En su trayectoria profesional, López participó en la presentación de acciones de inconstitucionalidad, informes sobre transparencia, denuncias ante la Fiscalía por presunto uso irregular de fondos públicos y en sesiones de la CIDH sobre la situación de El Salvador.
