La presidenta de México dejó en claro que no existe un límite de tiempo para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregue las pruebas relacionadas con las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La mandataria afirmó que la solicitud recibida no corresponde a un juicio formal de extradición, sino a un requerimiento de detención urgente, lo que ha encendido la tensión diplomática entre ambas naciones.
El gobernador de Sinaloa, quien fue acusado junto a otros funcionarios de supuestos nexos con una organización criminal vinculada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pidió separarse temporalmente de su cargo tras conocerse las acusaciones.
El Gobierno mexicano rechazó inicialmente proceder con la detención solicitada desde Estados Unidos al considerar que no existen elementos suficientes para respaldarla, lo que abrió un nuevo frente de fricción en la cooperación judicial bilateral.
La presidenta de México insistió en que las instituciones nacionales revisaron la documentación enviada y concluyeron que no hay pruebas contundentes para ejecutar la medida solicitada, aunque se mantienen investigaciones abiertas a nivel interno.
De acuerdo con lo señalado, la fiscalía nacional también analizó el caso y coincidió en que no se cuenta con sustento suficiente para avanzar con la detención urgente, lo que ha frenado la solicitud proveniente del exterior.
Aun así, las autoridades mexicanas recalcan que el proceso puede escalar si se formaliza una petición de extradición, lo que abriría un escenario completamente distinto en el ámbito judicial internacional.
La presidenta subrayó que la exigencia de pruebas es parte habitual de los mecanismos de cooperación entre ambos países, aunque reconoció que este tipo de casos suele generar fuertes tensiones políticas
