La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua denunció este miércoles la “práctica cruel e inhumana” atribuida al Gobierno copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, consistente en exhibir a personas consideradas “presos políticos” en condiciones de salud deterioradas en lugar de proceder a su liberación.
En un audio difundido a medios de comunicación, el abogado nicaragüense desnacionalizado Gonzalo Carrión, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, expresó: “Repudiamos esta práctica cruel e inhumana”.
Carrión se refirió específicamente al caso del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años, detenido desde septiembre de 2023. El exlegislador se encuentra internado desde el 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Managua debido a un deterioro en su estado respiratorio, y fue recientemente mostrado por las autoridades en condición de convalecencia.
“Las imágenes hablan por sí solas, evidencian la comisión de crímenes de Estado, de crímenes de lesa humanidad, ya que estaba en condición de desaparecido”, afirmó Carrión, quien se encuentra en el exilio en Costa Rica. Asimismo, criticó que el Gobierno expusiera al dirigente indígena en una “situación sumamente indignante” y responsabilizó a las autoridades por su vida.
De acuerdo con un informe del Ministerio de Salud, el estado de salud del exdiputado es “delicado” y presenta ventilación mecánica mediante traqueotomía, alimentación intravenosa, falla multiorgánica, cirrosis hepática e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes.
Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA), fue detenido antes de las elecciones regionales de marzo de 2024, cuando aún ejercía como legislador.
Carrión también recordó los casos del exjefe del Ejército Humberto Ortega, fallecido el 30 de septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado, y del exguerrillero Hugo Torres, quien murió en febrero de 2022 bajo custodia a los 73 años. En ambos casos, las autoridades habían divulgado informes sobre su estado de salud previo a su fallecimiento.
Por su parte, la opositora desnacionalizada Ana Margarita Vigil calificó la situación del dirigente miskito como “devastadora” y expresó su indignación ante el manejo del caso, señalando el sufrimiento de la familia y criticando la falta de información y acceso durante su detención.
