La situación del embarazo adolescente en Honduras continúa generando preocupación entre organizaciones médicas y de cooperación internacional, que advierten que el país mantiene cifras alarmantes en este problema de salud pública.
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) informó que durante 2023 se registraron 82 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años, reflejando la gravedad de la problemática a nivel nacional.
Aunque no existen datos oficiales actualizados desde 2024, cifras de la Secretaría de Salud citadas por MSF revelan que se reportaron 946 partos en niñas de entre 10 y 14 años, evidenciando la persistencia de embarazos en menores de edad.
Según la organización, esta situación está relacionada con diversos factores estructurales, entre ellos la falta de educación sexual integral, los tabúes sociales, el acceso limitado a servicios de salud reproductiva y la alta incidencia de violencia sexual.
“La mayoría de los embarazos en adolescentes que atendimos están relacionados a contextos donde no existe el consentimiento o igualdad en la relación”, explicó Diana Dávila, gestora de actividades médicas de MSF en San Pedro Sula.
MSF también señaló que muchas familias continúan enfrentando dificultades para abordar temas relacionados con sexualidad y adolescencia, limitando así la prevención y el acceso a información adecuada para los jóvenes.
Ante el incremento de casos, la organización reorientó desde 2025 sus programas en San Pedro Sula para acercar servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes de entre 10 y 19 años mediante brigadas móviles en centros educativos y atención especializada en coordinación con la Secretaría de Salud.
Los servicios incluyen acceso a métodos anticonceptivos, atención prenatal y postnatal, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, apoyo psicológico y acompañamiento integral a víctimas de violencia sexual.
Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, MSF atendió 100 casos de violencia sexual, de los cuales 42 correspondieron a menores de 18 años, situación que mantiene en alerta a las organizaciones de salud y derechos humanos sobre la vulnerabilidad de niñas y adolescentes en Honduras.
