El medio digital salvadoreño El Faro denunció este jueves que el gobierno del presidente Nayib Bukele habría ordenado el congelamiento de bienes pertenecientes a socios del periódico, como presunta represalia por sus investigaciones sobre supuestos acuerdos entre el mandatario y grupos pandilleros.
La medida, que incluye una cuenta bancaria y un inmueble, estaría vinculada a una supuesta deuda tributaria que el medio niega, y que, según su versión, coincide con la reciente publicación de un documental en el que se amplían las denuncias sobre presuntos vínculos entre el gobierno y organizaciones criminales.
El presidente Bukele ha rechazado reiteradamente estas acusaciones, negando la existencia de pactos con pandillas a cambio de apoyo político en su llegada al poder en 2019.
En un comunicado, El Faro afirmó que “la dictadura ha comenzado a proceder contra los accionistas del medio”, señalando que sus periodistas trabajan desde el exilio desde hace aproximadamente un año.
El medio sostiene que estas acciones forman parte de una respuesta del gobierno a sus investigaciones sobre supuestos pactos de poder, corrupción y concentración autoritaria del Estado, así como sus efectos en la población salvadoreña.
Recientemente, El Faro difundió un documental en el que se exponen presuntos acuerdos entre el gobierno y pandillas, los cuales habrían sido interrumpidos en 2022, dando paso a la actual política de seguridad bajo régimen de excepción.
Esta estrategia ha resultado en la detención de aproximadamente 92.000 personas sin orden judicial, generando denuncias de organizaciones internacionales que advierten posibles violaciones a derechos humanos.
El medio también afirmó que el objetivo de estas acciones sería el silenciamiento de su labor periodística, y que el congelamiento de activos se justificaría bajo procedimientos fiscales relacionados con presuntas obligaciones tributarias.
Por su parte, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, calificó en la red social X estas acciones como parte de una “deriva autoritaria”, mencionando además presuntos casos de espionaje, difamación y amenazas contra periodistas.
El Faro señaló que el proceso fiscal en su contra inició en 2020 y que, hasta la fecha, el gobierno no ha presentado pruebas concluyentes sobre acusaciones de evasión o lavado de dinero. En 2023, el medio trasladó su estructura administrativa y legal a Costa Rica tras más de dos décadas operando en El Salvador.
La denuncia surge un día después de que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reportara un aumento significativo en el número de comunicadores exiliados durante 2025, atribuido a acoso, vigilancia y amenazas, marcando la mayor ola de exilio periodístico desde el fin de la guerra civil en el país.
