El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que varios aspirantes a las plazas vacantes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y del Consejo Nacional Electoral (CNE) serán sometidos a un proceso de depuración, debido a que algunos de ellos son objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público (MP) o mantienen demandas vigentes contra el Estado de Honduras.
Asimismo, Zambrano solicitó al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República (PGR) que proporcionen a la Comisión Especial del Congreso, encargada del proceso de selección, la información correspondiente a los más de 100 autopostulantes.
El titular del Legislativo subrayó que se trata de un proceso apegado a la ley, aunque complejo, y confirmó que se llevarán a cabo audiencias públicas para evaluar a todos los aspirantes. “Es necesario aplicar filtros antes de que los candidatos sean presentados ante el pleno de diputados. Estamos seguros de que quienes resulten seleccionados contarán con la idoneidad, el profesionalismo y las condiciones personales necesarias para ocupar estos cargos”, expresó.
Zambrano también señaló que distintos sectores de la sociedad civil y la ciudadanía han manifestado la necesidad de impulsar reformas a la Ley Electoral. En ese sentido, aseguró que ya se está trabajando en dichas reformas, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y garantizar la independencia de los organismos electorales.
Asimismo, destacó la importancia de que los futuros integrantes de estos órganos sean personas independientes de los partidos políticos, capaces de actuar como un equilibrio y garantizar la transparencia en los procesos electorales.
El presidente del Congreso recordó que durante el proceso electoral de 2025 se vieron afectadas la institucionalidad y la estabilidad del sistema electoral, llegando a existir riesgos en la realización de las elecciones. En ese contexto, mencionó que algunos funcionarios separados mediante juicio político habrían intentado obstaculizar el proceso.
Zambrano también afirmó que el partido Libertad y Refundación (Libre) tuvo participación en dichos acontecimientos. No obstante, insistió en que la ley no establece la obligatoriedad de que este partido tenga representación en los organismos electorales.
Finalmente, indicó que el diálogo será clave en el proceso de sustitución de los funcionarios destituidos, y reiteró que existen dos alternativas: nombrar a representantes de la sociedad civil o independientes que garanticen el equilibrio institucional, o bien otorgar espacio a representantes del partido Libre. “La decisión debe orientarse a fortalecer la democracia y asegurar que ningún partido político tenga control sobre el proceso electoral”, concluyó.
