La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que periodistas y medios de comunicación enfrentaron intimidaciones, amenazas y campañas de desprestigio durante las elecciones generales de noviembre de 2025, lo que generó un clima de miedo y autocensura.
El informe señala que actores estatales y políticos, incluidos altos funcionarios y mandos militares, promovieron discursos hostiles y ejercieron presiones contra medios críticos. Asimismo, cuestiona el uso de cadenas nacionales de radio y televisión con fines políticos, lo que habría limitado la difusión de información independiente.
La SIP advirtió que el proceso electoral se desarrolló en un contexto de alta polarización, tensiones institucionales y denuncias de injerencia estatal que afectaron el funcionamiento de los órganos electorales. En este escenario, organismos nacionales e internacionales alertaron sobre un deterioro del espacio cívico y de las garantías de derechos políticos.
El documento también señala al partido Libertad y Refundación (Libre) por presuntos obstáculos al proceso electoral y al ejercicio periodístico, mediante la restricción de información desfavorable y el uso abusivo de la comunicación oficial.
De acuerdo con el informe, periodistas que denunciaron irregularidades fueron objeto de amenazas, ataques y campañas de desprestigio, con participación de altos funcionarios, entre ellos el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, así como autoridades del Ministerio Público y del Poder Legislativo.
La SIP también documentó campañas de desinformación y ataques coordinados en redes sociales contra periodistas, candidatos y activistas, incluyendo la difusión de noticias falsas y contenido manipulado, lo que profundizó la polarización y debilitó la confianza en el proceso electoral.
Asimismo, registró al menos 67 hechos de violencia política, entre amenazas, agresiones y atentados, algunos de ellos ocurridos en centros de votación.
El informe destaca como particularmente grave la injerencia política de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral, así como el uso de instituciones del Estado con fines partidarios, lo que, según observadores internacionales, habría socavado la autonomía de los entes electorales.
