El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) correspondiente a 2025 señala un bajo nivel de cumplimiento por parte de El Salvador respecto de las recomendaciones emitidas por el organismo, particularmente en lo relacionado con el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, el cual ha implicado la suspensión de garantías constitucionales.
De acuerdo con el documento, la CIDH formuló un total de 23 recomendaciones al Estado salvadoreño. De estas, ninguna alcanza un nivel de cumplimiento total o parcialmente sustancial; tres (13 %) se consideran parcialmente cumplidas, 16 (70 %) permanecen pendientes y cuatro (17 %) han sido clasificadas como incumplidas.
Entre las recomendaciones no cumplidas se encuentra la de poner fin a la suspensión de derechos y garantías en el marco del régimen de excepción. En ese sentido, la CIDH señala que el Estado no ha adoptado medidas orientadas a la restitución de los derechos suspendidos ni ha establecido un plan de recuperación progresiva de garantías, por lo que no se identifican avances materiales en su implementación.
Asimismo, la Comisión da por incumplida la recomendación de reducir progresivamente la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Según el informe, no se ha presentado un plan de retiro gradual, y por el contrario, se han adoptado y prorrogado medidas que mantienen e incluso amplían la intervención militar en funciones de seguridad.
Otra recomendación pendiente se refiere al uso de la prisión preventiva como medida de último recurso, así como a la necesidad de fortalecer el marco normativo mediante la incorporación de medidas alternativas. En este punto, la CIDH señala que el propio Estado ha expresado su negativa a impulsar reformas legales en esta materia.
El informe también indica incumplimiento en lo relativo a la habilitación de visitas de familiares, representantes legales y autoridades a los centros penitenciarios. La Comisión destaca que, si bien podrían existir acciones puntuales, no se evidencian avances sustantivos ni resultados verificables que permitan considerar un cumplimiento efectivo.
Adicionalmente, la CIDH expresa preocupación por reportes que indican la detención de personas defensoras de derechos humanos sin acceso a asistencia legal y su traslado a lugares desconocidos, lo cual, según el organismo, vulneraría garantías fundamentales del debido proceso y la protección judicial.
El régimen de excepción, vigente desde hace cuatro años y promovido por el presidente Nayib Bukele con respaldo de la Asamblea Legislativa, ha sido implementado como medida de combate a las pandillas. Durante su aplicación se han registrado más de 91.000 detenciones, así como miles de denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos han documentado más de 6.400 denuncias de abusos y al menos 517 muertes de personas privadas de libertad en este contexto.
Esta política extraordinaria también ha tenido un impacto político significativo, al haber sido uno de los factores que contribuyeron a la reelección de Bukele en 2024, pese a las restricciones constitucionales vigentes en ese momento.
