Un grupo de más de 400 presuntos cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha enfrenta, por primera vez, un proceso penal bajo la modalidad de macroaudiencia única en El Salvador. Este procedimiento, impulsado por la Fiscalía General de la República, abarca aproximadamente 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
La figura de audiencia única abierta permite el enjuiciamiento masivo de presuntos integrantes de estructuras criminales, así como la incorporación de nuevos acusados conforme avance el proceso. Este modelo fue establecido tras reformas al marco penal salvadoreño en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, el cual contempla la suspensión de ciertas garantías constitucionales.
Según informó la Fiscalía, este proceso representa la primera acción penal dirigida contra estructuras de mando responsables de delitos como homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas y desaparición de personas. La institución no proporcionó detalles específicos sobre la audiencia, a la que no se ha permitido el acceso de medios de comunicación.
De acuerdo con la entidad, esta modalidad —implementada desde diciembre del año anterior tras reformas a la legislación contra el crimen organizado— permite procesar de forma conjunta a la totalidad de una estructura criminal dentro de un mismo expediente judicial.
Asimismo, la Fiscalía señaló que los imputados enfrentan cargos adicionales por el delito de rebelión, al considerar que sus acciones estaban orientadas a mantener control territorial y establecer estructuras paralelas que atentan contra la soberanía nacional. Indicó también que, en marzo de 2022, los acusados habrían ordenado el asesinato de 86 personas, hecho que derivó en la instauración del régimen de excepción.
Del total de imputados, 413 se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, un centro penitenciario de máxima seguridad emblemático dentro de la estrategia gubernamental contra las pandillas, liderada por el presidente Nayib Bukele. Además, se han emitido órdenes de captura contra otros 73 individuos, quienes están siendo procesados en ausencia.
La Fiscalía no ha precisado la duración estimada del proceso. No obstante, destacó que este tipo de audiencias permite juzgar a los acusados por su pertenencia a la organización, agilizando la emisión de sentencias y manteniendo abierto el proceso para la incorporación de nuevos casos relacionados.
Estos procedimientos colectivos fueron habilitados tras reformas penales aprobadas en 2023 por la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, en el marco de la estrategia de seguridad implementada bajo el régimen de excepción.
Dicha medida, que ha sido objeto de controversia por señalamientos de posibles vulneraciones a derechos humanos, constituye el eje central de la política de seguridad del Gobierno y ha contribuido al alto nivel de aprobación del presidente Bukele, facilitando su reelección para un segundo mandato.
