La Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) emitió una opinión favorable sobre las reformas propuestas al Código Penal, documento que será remitido en las próximas horas al Congreso Nacional para su discusión.
Entre los principales cambios planteados destacan el endurecimiento de penas para delitos como la extorsión y el feminicidio, la posible clasificación de estructuras criminales —especialmente maras y pandillas— como organizaciones terroristas, así como la implementación de medidas como el uso de grilletes electrónicos y la regulación de billeteras digitales.
No obstante, tanto autoridades judiciales como expertos en derecho penal han coincidido en que el proceso debe desarrollarse con cautela, a fin de evitar abusos y posibles violaciones a derechos fundamentales.
El magistrado Mario Díaz explicó que el análisis realizado por el pleno de magistrados consistió en contrastar las reformas con la legislación vigente y los tratados internacionales suscritos por Honduras.
“Lo que se pretende es que cualquier tipo de reforma no colisione con la Constitución de la República ni con los derechos humanos”, señaló. Asimismo, indicó que, aunque la opinión es favorable, contiene observaciones relevantes en ciertos puntos.
“En algunos aspectos la opinión es favorable, en otros se advierte que hay que tener ciertos cuidados para no incurrir en abusos al momento de implementar la norma”, enfatizó.
Por su parte, el abogado penalista Félix Ávila cuestionó que el endurecimiento de penas sea la solución principal para reducir la criminalidad, señalando que el problema radica en la debilidad de los procesos investigativos.
“El endurecimiento de las penas no necesariamente es una medida adecuada para combatir la criminalidad”, advirtió, agregando que sin investigaciones efectivas, las reformas podrían resultar insuficientes.
En relación con el delito de extorsión, uno de los ejes centrales de la propuesta, Ávila lo calificó como un fenómeno complejo que requiere de la denuncia ciudadana para activar la acción del Estado.
“Una vez iniciada la denuncia, los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público tienen que actuar de oficio”, explicó.
El debate ahora se traslada al Congreso Nacional, donde se analizarán las reformas en medio de llamados a equilibrar el combate a la criminalidad con el respeto a las garantías individuales.
