La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, manifestó que la Ley de Empleo Parcial es una medida necesaria para Honduras, aunque subrayó que sus resultados deben mantenerse bajo constante evaluación a mediano y largo plazo.
“El gobierno no solo debe asumir la responsabilidad de facilitar la actividad productiva, sino también garantizar que la flexibilidad de esta ley no termine en distorsiones que comprometan las condiciones mínimas de los trabajadores”, señaló Castellanos.
La directora del CNA recordó que Honduras ha enfrentado durante décadas un desafío estructural en materia de empleo, marcado por limitadas oportunidades laborales y por el paso de gobiernos irresponsables.
“Durante demasiado tiempo, la clase obrera históricamente desposeída y utilizada como bandera de campaña fue condenada a la informalidad por políticas que, bajo la máscara de una protección teórica, solo lograron engendrar ejércitos de desempleados”, afirmó.
En ese contexto, destacó que la generación de aproximadamente 30,000 puestos de trabajo durante el período de Semana Santa, impulsada por la vigencia de la Ley de Empleo Parcial, reabre un debate importante sobre los mecanismos para dinamizar el mercado laboral en el país.
MOTOR PRIVADO
Castellanos enfatizó que el crecimiento del empleo requiere la participación de múltiples actores.
“El Estado, por sí mismo, no genera riqueza, solo la administra y la regula. Es el sector privado el que está en la posibilidad de generar oportunidades y contribuir a la solución del desastre que representa el desempleo en Honduras”, dijo.
Añadió que la empresa privada ha demostrado estar lista para ser el motor que saque al país del bache histórico, dejando atrás el paternalismo estatal que ha perpetuado la pobreza.
“Para el joven que obtiene su primer ingreso o la madre soltera que logra solventar sus deudas de inicio de año, esta medida no tiene color político”, concluyó.
La Ley de Empleo Parcial, según Castellanos, representa un alivio inmediato para miles de familias, pero exige vigilancia constante para que la flexibilidad no se convierta en abuso y para que el empleo digno sea una realidad en Honduras.
