El Congreso Nacional de Honduras aprobó este jueves un decreto de emergencia que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Instituto de la Propiedad (IP), a realizar compras directas de placas vehiculares, con el objetivo de enfrentar el desabastecimiento que afecta a más de 800,000 automotores en el país.
La iniciativa fue presentada por la diputada Gerlen Bonilla, quien argumentó que la medida responde a una problemática insostenible para la población, debido a las constantes multas por circular sin placas o con permisos provisionales vencidos.
“Esto es responsabilidad del Estado. Consideramos que es una emergencia y se debe hacer una compra directa para dar una respuesta inmediata”, expresó la congresista durante la discusión del decreto, que fue aprobado por unanimidad en su momento, aunque posteriormente surgieron cuestionamientos de algunos diputados del partido Libertad y Refundación (Libre).
Bonilla también señaló que la falta de placas ha generado situaciones que calificó como “extorsión”, al sancionarse a conductores que únicamente portan permisos temporales. “La población paga matrícula, por lo tanto, el gobierno debe garantizar la entrega de placas”, sostuvo.
El decreto, que superó su tercer debate, contempla la creación de un reglamento especial que establecerá mecanismos de veeduría y supervisión, los cuales estarán a cargo de una comisión designada por el Congreso Nacional.
No obstante, la legisladora reconoció que la ejecución del proceso, así como las garantías de transparencia, recaerán en el Ejecutivo y el Instituto de la Propiedad. Desde el hemiciclo también se destacó que esta medida busca dar solución a una crisis que se arrastra desde 2023, período en el que cientos de miles de conductores han debido circular con permisos de papel renovables cada 30 o 90 días.
Por su parte, el titular del IP, Luis Torres, informó que se trabaja en soluciones estructurales para modernizar el sistema de placas vehiculares, incluyendo la incorporación de elementos tecnológicos de seguridad y la posible instalación de una planta de fabricación en el país.
A pesar del respaldo mayoritario, algunas voces críticas dentro del Legislativo advirtieron sobre los riesgos de las compras directas, recordando antecedentes de denuncias de corrupción en procesos similares durante administraciones anteriores.
