El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de insurrección por su fallido intento de imponer la ley marcial a finales de 2024, un decreto que buscaba paralizar la Asamblea Nacional y que desató una de las mayores crisis institucionales en la historia democrática de Corea del Sur.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl calificó la medida como un intento de subvertir la Constitución, al enviar al Ejército y fuerzas antidisturbios al Parlamento y socavar los valores democráticos fundamentales. Aunque la Fiscalía había solicitado la pena de muerte, la corte se limitó a imponer la cadena perpetua.
El exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, recibió 30 años de prisión, sumándose a sentencias anteriores contra otros altos funcionarios implicados en el estado de excepción. Yoon había sido destituido en abril tras considerarse injustificada la declaración de ley marcial y ya contaba con cinco años de cárcel por obstrucción de la justicia en un caso relacionado.
La sentencia provocó manifestaciones masivas frente al tribunal, con seguidores y opositores del expresidente mostrando emociones encontradas, mientras las autoridades se mantienen alerta ante posibles incidentes similares a los ocurridos el año pasado.
